Por: Yezid Fernando Niño Barrero / Ingeniero Ambiental y Sanitario / Especialista en Higiene y Salud Ocupacional / Magíster en Salud Pública / Candidato a doctor en Ingeniería / Gerente técnico del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS).
Es habitual ver cómo los diferentes desastres de origen natural afectan a comunidades, especialmente y en mayor medida a personas en condiciones de vulnerabilidad que están ubicadas en zonas de riesgo. Ya sea que se trate de sismos o terremotos, movimientos en masa, inundaciones, sequías, avenidas torrenciales o cualquier evento de origen natural, lo que más se observa es el impacto que estos fenómenos producen en las poblaciones que habitan en condiciones de pobreza.
No obstante, en los medios de comunicación también se evidencia el impacto que sufren los micro y pequeños empresarios por estos eventos, situaciones en las que resalta la pérdida de productos y afectaciones de la infraestructura. En este sentido, es frecuente escuchar que estas empresas “lo han perdido todo”, lo que evidencia una falta de preparación para prevenir y atender este tipo de eventos.
En menor medida se escucha que estos eventos afecten a las grandes industrias de manera directa. Sin embargo, la ocurrencia de casos de desastre que afectan también a las pequeñas empresas impacta las cadenas de suministro de aquellas de mayor tamaño. Por ende, una gran empresa no solo debe velar por su resiliencia, sino por la de su cadena de suministro. Muestra de ello está en la experiencia de varios fabricantes de vehículos quienes, con el desastre ocurrido en Japón, por cuenta de un terremoto y un posterior tsunami que azotó a esa región en 2011, vieron afectada su producción a nivel mundial.
Particularmente, en el caso de Toyota se señaló que “la compañía japonesa anunció que su producción bajó en marzo [de ese año] un 62,7 % respecto al mismo mes del año anterior debido a los problemas de suministro. Además, su producción no se normalizará en todo el mundo hasta noviembre o diciembre, lo que generará retrasos en los pedidos” (El País, 2011). No obstante, tras ese evento, la empresa emprendió una estrategia de mejoramiento y un plan de continuidad del negocio con sus proveedores clave, que la llevó a ser «el único fabricante de automóviles adecuadamente equipado para hacer frente a la escasez de chips» (Shirouzu, 2021), situación generada por la pandemia de la COVID-19.
Ahora bien, es claro que se debe fortalecer la resiliencia en el sector privado, pero no se puede ver como un tema aislado e individual de cada una de las compañías. Al contrario, este debe ser un trabajo articulado entre el gobierno nacional, las autoridades locales, las grandes empresas, las mipymes y la comunidad en general.
Así, para que una empresa pueda asegurar su resiliencia requiere que su infraestructura resista el evento amenazante; sus procesos y operaciones tengan continuidad; sus trabajadores estén sanos, seguros y saludables; y, así mismo, que los proveedores clave y los clientes que recibirán los productos y servicios, continúen en operación.
Todo lo anterior requiere de infraestructura y servicios públicos funcionando, carreteras para el movimiento de mercancías de entrada y de salida, transporte público para el desplazamiento de los trabajadores a las empresas. En otras palabras, se requiere que todo el andamiaje de la sociedad en general sea resiliente para que los negocios puedan continuar.
Margareta Wahlström, representante especial del secretario general de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres, señaló en 2015 que “el sector privado es el defensor perfecto del pensamiento resiliente debido a su relación directa con consumidores, clientes y proveedores, y puede dirigir la demanda pública hacia productos y servicios sensibles al riesgo. Un nuevo enfoque de colaboración entre los gobiernos y la empresa privada basado en la confianza creará comunidades resistentes a los desastres”. La expresión de la funcionaria resalta el papel del sector privado, no como un actor más dentro de la gestión del riesgo de desastres, sino como un promotor e influenciador principal.
De acuerdo con lo señalado en el Informe de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR, 2019), se ha constatado que algunas empresas del sector privado van más allá de las consideraciones de responsabilidad social y reconocen la RRD como un modo de asegurar la competitividad y la continuidad de las operaciones en caso de desastre. A su vez, los gobiernos y los sectores empresariales están cada vez más concientizados acerca de la necesidad de reforzar la resiliencia de sus actividades y las de sus proveedores —incluidas las pymes—, frente a los desastres y al clima.
Así mismo, la inversión privada determina en gran medida el riesgo de desastres. En la mayoría de las economías, el sector privado es el responsable de entre el 70 % y el 85 % de la inversión total. Por lo tanto, la clave para reducir los riesgos de manera efectiva reside en que el sector privado invierta en ingeniería teniendo en cuenta los riesgos (UNDRR, 2019; UNISDR, 2015). Ante esto, el Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres (ONU, 2015) señala que “enfrentar los factores subyacentes al riesgo de desastres mediante inversiones públicas y privadas basadas en información sobre estos riesgos es más rentable que depender principalmente de la respuesta y la recuperación después de su ocurrencia, y contribuye al desarrollo sostenible”.
Importancia de la gestión del riesgo de desastres
Basado en la información dispuesta por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR, 2021), durante 2020 se registraron:
Por otro lado, se ha indicado que el costo de los desastres en la región de América Latina y el Caribe durante la última década ha alcanzado los 35.000 millones de dólares, una cuarta parte del monto total a nivel global y ha afectado a unas 67 millones de personas (SELA, 2016).
Es así como los desastres generan efectos en las empresas, las comunidades y en la infraestructura vital para el funcionamiento de la sociedad, los cuales se pueden clasificar como efectos por pérdidas directas e indirectas.
Las pérdidas directas se refieren al impacto físico o estructural causado por el desastre. Ejemplo de ello es la destrucción de infraestructura como resultado de fuertes vientos, inundaciones o sismos. Por su parte, los efectos indirectos son los resultados posteriores o secundarios de la destrucción inicial como los perjuicios por interrupción del negocio. Una consideración completa de todas las pérdidas directas, indirectas e intangibles produciría estimaciones mucho más altas que los registros de pérdidas directas que son cuantificados con mayor facilidad y comúnmente vistos (UNDRR, 2021).
Tomado de UNDRR (2021)
De otro lado, los desastres graves tienen efectos duraderos en la productividad. Un análisis del Banco Mundial encontró que, durante el periodo 1960-2018, los desastres climáticos redujeron la productividad anual en un promedio de 0,5 %. Incluso, después de tres años de su ocurrencia, los desastres climáticos severos continúan reduciendo la productividad laboral en aproximadamente un 7 %, principalmente a través de una productividad total debilitada de los factores (UNDRR, 2021).
Así mismo, como se señaló anteriormente, los desastres pueden generar afectaciones en las cadenas de suministro a nivel local o global. Por ejemplo, después de que el huracán María azotara a Puerto Rico, en 2017, una importante empresa mayorista de suministros médicos localizada en San Juan no pudo mantener la producción. Como resultado, los hospitales de Estados Unidos enfrentaron una escasez crítica y un aumento del 600 % en el costo de las bolsas intravenosas (UNDRR, 2021).
Otros eventos de origen social como las protestas que se han vivido recientemente en Colombia han mostrado la interdependencia de las empresas y lo vulnerable que puede ser la logística de entrada y de salida frente a un fenómeno que genere alteración de las cadenas de suministro. Así mismo, la situación presentada en 2011 en el Canal de Suez, con el portacontenedores Ever Given cuyo bloqueo afectó el comercio a una escala global, produjo impactos que aún se están terminando de cuantificar. Estos incidentes, en regiones tan diversas, son apenas una muestra de la importancia de gestionar el riesgo más allá de las paredes de la compañía.
Un aspecto de relevancia mayor a nivel de gobiernos locales y nacionales tiene que ver con la destinación de recursos de inversión
para tareas de rescate y de reconstrucción posterior a un desastre.
En Estados Unidos, por ejemplo, los huracanes causaron daños por valor de 306.000 millones de dólares en 2017 y por el orden de los 91.000 millones de dólares en 2018. Como resultado, la inversión productiva cayó alrededor de 400.000 millones de dólares en total para esos años (UNDRR, 2021).
Por último, y no por ello menos importante, el impacto de los desastres también puede verse reflejado en la educación perdida de niños y jóvenes, ya sea por la destrucción de instalaciones o por el uso de edificaciones escolares como refugios temporales, el desplazamiento de las poblaciones o la pérdida de conectividad y vías de acceso. Los cierres de escuelas no solo socavan la educación, sino que también obstaculizan la prestación de servicios esenciales en comunidades vulnerables. Para no ir tan lejos, la pandemia de la COVID-19 ha causado la alteración más grave en los sistemas educativos del mundo que se haya conocido en la historia. Según la Unesco, cerca de 1.600 millones de estudiantes en más de 190 países se vieron afectados por el cierre de instituciones educativas en el punto álgido de la crisis (UNDRR, 2021). Una cifra que corresponde al 94 % de la población estudiantil mundial.
La Red ARISE Colombia
Según la UNDRR se calcula que, para 2030, las nuevas inversiones privadas a lo largo de todos los sectores en muchas zonas propensas a amenazas ascenderán a varios billones de dólares, con lo cual aumentará de forma dramática el valor de los bienes que están en riesgo en el ámbito mundial. Es por esto que, en el marco de las políticas públicas trazadas a nivel global, resalta la importancia de la gestión del riesgo en las inversiones de capital, las cadenas de valor y las operaciones.
En el contexto de la aplicación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres se ha establecido la Alianza del Sector Privado para las Sociedades Resilientes a Desastres (ARISE). Como su nombre lo indica, el propósito general de ARISE es crear sociedades resilientes al riesgo, al fortalecer y movilizar al sector privado, en colaboración con el sector público y otros actores, para lograr las metas del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres.
En este sentido, ARISE busca incrementar la cantidad de organizaciones del sector privado y de otros actores que participan para apoyar la aplicación del Marco de Sendai. Asimismo, permitirá que el sector privado ejecute proyectos e iniciativas tangibles que generen resultados esenciales para lograr el resultado y los objetivos de ese instrumento internacional (UNDRR, 2015).
Para el logro del objetivo tanto la junta global como las redes nacionales proponen cinco compromisos:
En Colombia, la Red ARISE ha sido liderada por un equipo conformado por la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), Responsabilidad Integral Colombia (RI) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El nodo cuenta con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, la Oficina Regional para las Américas y el Caribe y el Programa Regional de Asistencia Técnica para el Manejo Integral del Riesgo de Desastres de USAID/OFDA, oficina regional para América Latina y el Caribe.
Actualmente, se han vinculado empresas del sector productivo, consultores y gremios con el propósito de trazar un plan de trabajo que sea coherente con las necesidades y capacidades del país, tomando como fortaleza el trabajo público-privado que se ha adelantado en los últimos años y buscando que las organizaciones comprendan que la resiliencia y la gestión del riesgo ante desastres en una decisión estratégica para las compañías.
Toda la información correspondiente a la Red ARISE en Colombia se puede consultar en https://arisecolombia.co/
Bibliografía
- El País (2011). El terremoto desplaza a Toyota del liderazgo de producción de automóviles. Economía. https://elpais.com/economia/2011/04/25/actualidad/1303716779_850215.html
- ONU, 08955 Resolución aprobada por la Asamblea General el 3 de junio de 2015 1 (2015). http://www.preventionweb.net/files/resolutions/N1516720.pdf
- SELA. (2016). La reducción de riesgos de desastres en América Latina y el Caribe: una guía para el fortalecimiento de las alianzas públicoprivadas Cooperación Económica y Técnica.
- Shirouzu, N. (2021). How Toyota thrives when the chips are down. Reuters. https://www.reuters.com/article/us-japan-fukushima-anniversarytoyota-in-idUSKBN2B1005
- UNDRR. (2015). El sector privado. https://eird.org/americas/we/sector-privado.html
- UNDRR. (2019). Informe de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres 2019. Hacia el Desarrollo Sostenible: El Futuro de la Gestión del Riesgo de Desastres, 352 pp.
- UNDRR. (2021). Disaster losses & statistics. Understanding Disaster Risk. https://www.preventionweb.net/understanding-disaster-risk/disaster-losses-and-statistics
- UNISDR. (2015). Disaster Risk Reduction Private Sector Partnership. In Encyclopedia of Natural Hazards. https://www.unisdr.org/files/42926_090315wcdrrpspepublicationfinalonli.pdf
