La viralización de un videoclip que revela un presunto caso de maltrato laboral a personal que porta la indumentaria de una empresa de telecomunicaciones pone en evidencia la solidaridad compartida que existe entre el contratante y el contratista frente al buen trato y la protección de los trabajadores, así como la necesidad de revisar buenas prácticas en toda la cadena de suministro.
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Días atrás, en las redes sociales, se hizo viral un video en el que se ve a una mujer gritando airadamente, en lo que parece ser una reunión laboral, a un grupo de personas que portan la indumentaria de una de las empresas de telecomunicaciones y soluciones digitales que opera en Colombia.
La filtración del video no tardó en desatar una ola de indignación entre los internautas, quienes no solo protestaron por los malos tratos y abusos a los que se ven sometidos los trabajadores del caso revelado, sino que, incluso, algunos de ellos anunciaron la cancelación de los servicios adquiridos, en una muestra de cero tolerancia contra el acoso laboral.
Lo que, quizás, muchos desconocen es que este personal no tiene vinculación directa con la empresa de Telecomunicaciones, sino que responde a un operador que presta servicios (según se evidencia en este caso) de ventas. Es en este tipo de situaciones que la supervisión y evaluación a contratistas y proveedores cobra especial importancia, principalmente por el impacto que puede tener sobre las personas y, adicionalmente, sobre la imagen y reputación de marca de la compañía.
Si bien la empresa involucrada se pronunció al respecto y aclaró que el video corresponde a una situación presentada en 2018 con uno de sus agentes comerciales y rechazó “cualquier acto que atente contra el buen trato y el respeto de sus colaboradores y aliados”, este hecho pone de relevancia, nuevamente, la necesidad de que las empresas, contratantes y contratistas, identifiquen y gestionen riesgos en su cadena de suministro y verifiquen el cumplimiento de requisitos legales; así como la importancia de evaluar los procesos continuamente, en aras de asegurar buenas prácticas.
Lo anterior puede apoyarse en las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su convenio C-190 (aún no ratificado por el país), mediante el cual se reconoce el derecho de toda persona a un entorno laboral libre de violencia y acoso, así como la importancia de generar una cultura del trabajo basada en el respeto mutuo y la dignidad del ser humano, donde todos los actores del mundo laboral deben abstenerse de recurrir a la violencia y el acoso y, por el contrario, prevenirlos y combatirlos.
Bajo este contexto, el trabajo entre cliente-proveedor no debería limitarse a una relación netamente transaccional, sino que puede basarse en una relación de colaboración donde, desde sus propias capacidades, la empresa que tiene la gobernanza de la cadena de suministro puede poner a disposición sus capacidades, conocimiento y experiencia para los proveedores y contratistas, bajo el compromiso de apoyar su desarrollo de tal modo que en el momento de trabajar bajo su nombre, lo hagan de acuerdo con sus lineamientos y los representen de la mejor manera, protegiendo a sus trabajadores, asegurando la calidad de los productos y servicios y contribuyendo, además, a la imagen de la marca.
Cada vez más, las personas ponen de relevancia el comportamiento ético de las empresas en sus decisiones de consumo, desde diferentes aspectos (como el ambiental y social), pero también están evaluando continuamente sus formas de actuación y su responsabilidad corporativa. Situación que genera una positiva identidad de marca y un reconocimiento que se traduce en un mejor posicionamiento en el mercado.
Una buena base para acompañar el desarrollo de contratistas y proveedores de contratistas son las evaluaciones y los esquemas de autogestión; para esto, el Consejo Colombiano de Seguridad – CCS creó hace 23 años, de la mano de la industria, el Registro Uniforme de Contratistas (RUC®), un estándar único de evaluación del desempeño en seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental que les permite a las empresas contratantes, a través de un sistema de información, verificar la gestión efectiva del riesgo y el cumplimiento de la legislación colombiana por parte de sus proveedores, contratistas y aliados, de modo que pueda tomar las mejores decisiones y buscar la mejora continua en sus cadenas de suministro.
Es así como se realiza un proceso de acompañamiento a las empresas contratistas en temas técnicos y legales en materia de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental, de tal manera que aumenten sus capacidades técnicas y legales en SSTA, a través de la participación en espacios de formación, publicaciones especializadas, participación en eventos, reconocimiento al desempeño en la mejora continua y excelencia operacional. Además, en este modelo tripartita, las empresas contratistas se hacen visibles a los grandes contratantes del país, a través del CCS. Vale la pena destacar que, entre los elementos evaluados por el RUC®, se encuentra el ‘Liderazgo y compromiso gerencial’ y la ‘Administración del Riesgo’, ítems de análisis en los cuales el ambiente laboral aparece como uno de los aspectos a ser tenidos en cuenta.
La invitación es a que las empresas colombianas y multinacionales con operaciones en el territorio nacional implementen este tipo de mecanismos en su gestión operacional con miras a generar ambientes de trabajo seguros y saludables, reducir la accidentalidad, gestionar el riesgo psicosocial y las enfermedades laborales y fortalecer las competencias de sus equipos de trabajo en materia de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental.
